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El estudio y análisis de un instrumento tan trascendente como la Orden Europea de Investigación en materia penal, regulada en la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, es necesario y oportuno una vez que, además, ha comenzado la andadura en la aplicación de la Ley española para su transposición, la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la orden europea de Investigación. La presente obra aborda el estudio de este instrumento de cooperación judicial penal en la Unión Europea, esencialmente en lo que hace a los aspectos más importantes sobre la obtención y utilización de la prueba penal transfronteriza en el espacio judicial europeo. Ciertamente, la Directiva de 2014 implicó un significativo avance respecto al escenario de la asistencia mutua en materia probatoria. La necesidad de profundizar en el principio de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros, en materia de obtención y transmisión de prueba penal, ha dado lugar a un verdadero cambio de paradigma, evolucionándose desde el sistema del exhorto europeo de obtención de prueba, basado en la transmisión de la prueba ya existente en el Estado requerido, a un sistema que permite que las autoridades de un Estado puedan pedir medidas de investigación a la autoridad competente de otro Estado, de tal manera y con las garantías que permitan que surtan efectos probatorios en el Estado de emisión. El cambio cualitativo es fundamental, ya que la orden europea de investigación pretende protagonizar el paso de la asistencia judicial, de los clásicos instrumentos convencionales y de la práctica de las tradicionales comisiones rogatorias, a un sistema basado en el principio de reconocimiento mutuo, aplicado a la práctica de la investigación y a la obtención licita y eficaz de fuentes de prueba en otro Estado. Esta publicación estudia así el ámbito y con