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La posibilidad de realizar transacciones electrónicas, tanto por lo que se refiere al comercio electrónico (sector privado) como a las comunicaciones, trámites, servicios, actos jurídicos y administrativos, así como procedimientos administrativos (sector público), requiere del uso de la firma electrónica ya que permite, entre otras garantías, autenticar electrónicamente a las partes de dichas transacciones. Además, gracias al uso de la firma electrónica, es posible garantizar la integridad y la confidencialidad, entre otros aspectos. Es decir, la firma electrónica proporciona seguridad jurídica para el entorno electrónico, de igual manera que ocurre con la firma manuscrita en el entorno no electrónico. En cualquier caso, el uso de la firma electrónica, su reconocimiento y validez jurídica, pasan por contar con un marco normativo que est.