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La transparencia administrativa es un valor procedimental preferente y necesario para la existencia de una sociedad democrática avanzada y de una opinión pública libre. Es también una exigencia no solo del pensamiento liberal que desconfía tradicionalmente del Estado y ve la transparencia como un límite al poder público y un instrumento de control sino también de los nuevos movimientos sociales que demandan una democracia real más participativa y un empoderamiento de los ciudadanos. Existen sólidos fundamentos constitucionales para exigir el acceso a información pública. Sin embargo, hasta la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la normativa administrativa de nuestro país no facilitaba a los ciudadanos el ejercicio del derecho de acceso a la información pública ni obligaba a la Administración Pública a publicar una amplia información de oficio. La práctica administrativa reiterada, agravada por la ausencia de un claro impulso jurisdiccional en este ámbito y la progresiva excepcionalidad de nuestro país en materia de acceso a la información que se hizo especialmente patente a raíz de la aprobación el 27 de noviembre de 2008 por el Consejo de Europa del Convenio sobre el Acceso a los Documentos Públicos ha ido creando progresivamente una mentalidad pro-acceso. Evidentemente la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es un texto mejorable, como lo son todas las normas jurídicas que tratan de realizar avances, conciliando valores y actores contrapuestos pero su aprobación ha abierto ya definitivamente la puerta al acceso a la información pública en España. Este Comentario está centrado en la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por parte de las distintas Administraciones Publicas y autoridades de control. Los autores son sesenta y seis especialistas que desde distintos ámbitos analizan algún precepto de la Ley. Participan en la obra no sólo profesores de Universidad sino también miembros