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La pluralidad ha venido para quedarse y este nuevo orden social sólo se podrá conseguir protegiendo y respetando la diversidad cultural, porque de ello depende, más que nunca, el porvenir de nuestras sociedades. Frente a esta realidad no caben soluciones parciales, limitadas a su represión a través del Derecho penal. Los delitos culturalmente motivados, como la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados, van más allá de las -molestias- inherentes a todo infracción penal. Revelan las nuevas tensiones y conflictos de las sociedades multiculturales de nuestro tiempo, la confrontación de los valores religiosos y culturales con los valores de la postmodernidad. Se hace necesario, por tanto, adoptar un modelo multiculturalista de gestión de la diversidad cultural. Un modelo con una ineludible perspectiva de género, pues no es sino la desigualdad entre los sexos lo que refuerza y mantiene la vigencia de estas prácticas ancestrales. Y eso sólo se logrará con un debate sosegado, político y jurídico, no metafísico o religioso, con la opinión de las propias mujeres como punto de partida. Un debate que se aleje del dogmatismo y el prejuicio, de ese satánico vicio de ver la paja en el ojo ajeno y no percatarse de las vigas en el propio. Pero también de la tolerancia paternalista y de esa supuesta neutralidad que realmente deja intacta la desigualdad constitutiva en beneficio de los de siempre.