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Tras un proyecto de regulaciðn que se incorporð al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2011, el vac{602}o de regulaciðn de la cadena de custodia ha sido la tðnica dominante hasta nuestros d{602}as. Aquel ef{602}mero proyecto conten{602}a normas generales pero valiosas porque aportaban unas reglas de actuaciðn y sobre todo se incorporaba una previsiðn esencial de cuÆles eran los efectos que el quebrantamiento de la cadena de custodia tendr{602}a en el proceso y cuÆl habr{602}a de ser el momento y la fðrmula adecuada para su impugnaciðn. No faltan recomendaciones internacionales que piden que se regule de forma expresa los actos que componen este proceso porque la falta de regulaciðn propicia vulneraciones cuyas consecuencias jur{602}dicas tampoco aparecen reguladas. Ante la ausencia de una normativa general, aparece una normativa reglamentaria, acuerdos marco y, en suma, una serie de instrumentos un tanto dispersos que tampoco son de obligada aplicaciðn y que no logran crear un panorama adecuado. Como en tantas ocasiones, la realidad va muy por delante del legislador y son los tribunales los que han de completar las lagunas que Øste deja. Nuestra jurisprudencia ha sido la encargada de ir perfilando todo el instituto de la cadena de custodia, desde el propio concepto hasta los efectos de su vulneraciðn. Lo ha hecho partiendo del carÆcter instrumental del mismo. Ciertamente, estamos ante un procedimiento extrajudicial, con un contenido puramente material: asegurar que lo que se recoge sea lo mismo que, tras su custodia y anÆlisis, se presenta como prueba en el juicio. Pero aunque efectivamente, estamos ante un aspecto mÆs prÆctico que teðrico, una figura tomada de la realidad con valor jur{602}dico, plantea una serie de interrogantes cuando aparecen irregularidades o vulneraciones, porque su rotura puede llegar a quebrantar derechos fundamentales.Los errores que se produzcan sobre la protecciðn en la integridad de los indicios tendrÆn una repercusiðn dobl