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Todos los sistemas de descentralización territorial plantean, de una u otra forma, problemas de articulación, de configuración y de ejecución. El sistema constitucional español no es una excepción y las dificultades son múltiples al tratar de explicar el funcionamiento jurídico-político de nuestro modelo de Estado. Cuando de conocer y aplicar las normas del Estado de las autonomías se trata, el esfuerzo y concentración del intérprete han de ser notables. Esta dificultad está producida también porque el sistema autonómico español tiene un elemento abierto y dispositivo, y en cierta forma un aire de transitoriedad, que produce disfunciones que bien podrían haberse evitado y evitarse en el futuro. Así, toda esta naturaleza abierta se proyecta con fuerza en la regulación (dotada de ciertas dosis de confusión) de la reforma de los Estatutos de Autonomía.