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La necesidad de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (por su relación con el cambio climático) ha llevado a las autoridades comunitarias a la creación de un mercado europeo de derechos de emisiónn, inspirado en el Protocolo de Kyoto y compatible con el gran mercado internacional que se iniciará en 2008. Regulado por la Directiva 2003/1987 y por sus normas de transposición (en España la Ley 1/2005), el comercio de dióxido de carbono parte del establecimiento de un techo nacional o límite global de emisiones y exige a las instalaciones sometidas el respaldo de sus emisiones con los correspondientes derechos, asignados por el Estado, bien adquiridos en el mercado u obtenidos por proyectos. Este trabajo colectivo analiza (desde perspectivas jurídico-públicas) la posibilidad jurídica de este mercado, su inicio y su desenvolvimiento.