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Las empresas incorporan cada vez más las cámaras y otros sofisticados sistemas de videovigilancia por videocámara para satisfacer sus necesidades de seguridad o de control de la actividad laboral. Pero pocas son conscientes de que esa actividad, con independencia de las repercusiones en el ámbito del derecho a la vida privada del trabajador, constituye un tratamiento de datos que se encuentra sujeta a la normativa de protección de datos. La imágenes y sonidos cuando hacen indetificable a una persona, se consideran datos personales protegidos por el derecho a la autodeterminación informativa (art. 18.4 CE). Así lo viene entendiendo la Agencia Española de Protección de Datos, que lo ha reafirmado en la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámara. Lo que obliga a las empresas a hacer un juicio ponderado sobre los intereses protegidos antes de la instalación de los sistemas de videovigilancia en el lugar de trabajo y a respetar en todo caso en su adopción una serie de principios de protección de datos, entre ellos, el de calidad, proporcionalidad y finalidad del tratamiento. En este trabajo se examinan sistemáticamente y con una visión práctica, los principales problemas aplicativos suscitados a propósito del uso de la videocámaras en el contexto laboral. En particular, se analizan los supuestos de licitud de la videocámara en el ámbito laboral, los sujetos habilitados para llevar a cabo dichas operaciones, las obligaciones del responsable del fichero videográfico y los derechos de los trabajadores afectados. Igualmente, se abordan los problemas de índole procesal ligados a la utilización del vídeo como medio de prueba, en concreto, su valor probatorio y los efectos de la prueba ilícita sobre la calificación del despido. Su lectura permite a cualquier interesado, sea o no operador jurídico, adquirir las claves constitucionales del problema y tener conocimiento certe