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El conjunto normativo que configura la reforma laboral de 2012 se ha consolidado, siendo los jueces y tribunales los encargados de su aplicación e interpretación cuando resuelven los conflictos jurídicos que se plantean. A esa reforma del régimen jurídico de las relaciones de trabajo han seguido, hasta el presente, otras de menor entidad, por su extensión; unas, complementarias de aquella, y otras, novedosas, inducidas por la transformación en el modo de prestar los servicios ante la diferente realidad que ha alumbrado la pandemia. Sea por una causa, el impacto negativo que la crisis económica traslada sobre el empleo, u otra, la necesidad de salvaguardar los empleos y facilitar la prestación de servicios, indiferentemente, lo cierto es que las intervenciones legislativas -muchas «de urgencia»- sobre el mercado de trabajo se han sucedido, siendo relevantes las más recientes sobre la suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor, ligada a la COVID-19, o la regulación ex novo del trabajo a distancia y, en particular, del teletrabajo, sin olvidar la previa ordenación de los «derechos digitales» de las personas trabajadoras.Esta obra analiza el marco legal de las relaciones de trabajo que surge tras la reforma laboral de 2012 y se remata con otras modificaciones posteriores. Como valor añadido, el estudio incluye la doctrina judicial y la jurisprudencia de los tribunales, nacionales y europeos. No se olvide que la judicialización de los conflictos viene impulsada por los efectos de la propia crisis, aunque también por una menor intervención de la Administración laboral y por el mayor poder decisorio otorgado al empresario, de modo que un significativo número de cuestiones se encomiendan a la tutela judicial efectiva de los órganos del orden social de la jurisdicción. Por ello, la acción de los órganos judiciales supera su función primera de aplicar e interpretar las normas laborales, siendo una pieza fundamental en cuanto a su efectividad, a la par que conform