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La Constitución es la norma fundamental para la atribución, organización y control del poder político. Pero Política y Economía no son dos mundos diferentes. Al igual que la dinámica política aparece siempre vinculada a una ley fundamental, todo sistema económico ha de estar basado en un conjunto de reglas aceptadas por los agentes económicos. Estas reglas integran la constitución económica. La constitución parece ser el lugar idóneo para ocuparse de la atribución y delimitación de los poderes económicos y la defensa de los grupos sociales más necesitados. Por otra parte, la sanción constitucional de las reglas básicas de la economía representa un elemento de seguridad reclamado por los agentes económicos para poder elaborar sus planes a medio y largo plazo. Nuestra Constitución de 1978 incorpora en su articulado declaraciones generales, calificativos y preceptos específicos que recogen normas destinadas a disciplinar las relaciones económicas o, en términos generales, el funcionamiento de la economía nacional, regulando el comportamiento tanto de los particulares como de los poderes públicos. Este es el objeto de esta obra.