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Esta obra lleva a cabo un detallado estudio de las actuaciones que, conforme a lo previsto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, deben verificarse en el proceso en materia de prestaciones de Seguridad Social y que son manifestaciones de la presencia en dicho proceso de una Administración pública como parte demandada. A estos efectos, se analiza, en primer lugar, el régimen jurídico de la reclamación administrativa previa, prestando especial atención a las novedades que ha introducido en esta figura la nueva Ley reguladora de la jurisdicción social, entre las que destacan la ampliación de su ámbito de aplicación a las entidades colaboradoras, las nuevas previsiones sobre la reproducción de la vía administrativa previa, así como el tratamiento de la congruencia entre vía previa y proceso. Asimismo, se examinan las cuestiones que surgen en relación con la obligación de remisión del expediente administrativo, resaltándose los aspectos novedosos que ha incorporado la Ley reguladora de la jurisdicción social, poniéndose de manifiesto los problemas interpretativos y de aplicación que suscita la nueva regulación. En la exposición de todas las cuestiones tratadas se ha atendido a los antecedentes normativos y jurisprudenciales, a fin de poder apreciar con perspectiva el fundamento, alcance y trascendencia de las modificaciones introducidas por la nueva norma procesal.