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Los profundos cambios en marcha en el derecho público y la gestión pública suponen la gran relevancia actual del buen ejercicio de la discrecionalidad normativa ejercida por los gobiernos y las administraciones. Diversas corrientes y experiencias internacionales insisten en la importancia de la participación ciudadana como elemento de buen gobierno y buena administración, de transparencia y prevención de la corrupción y como factor de reducción de la litigiosidad. En el caso de los reglamentos, la experiencia norteamericana relativa a la negociación reglamentaria, en marcha desde hace décadas aparece como especialmente interesante. También es interesante la consideración de la regulación de los grupos de presión. Asimismo se maneja abundante jurisprudencia del TEDH, del TJUE, de Tribunales constitucionales de nuestro entorno, del Tribunal Supremo Español y de los Tribunales Superiores de Justicia respecto al control de la discrecionalidad normativa y la denominada smart regulation. A partir de estos datos, el trabajo ensaya una serie de recomendaciones y propuestas para una futura regulación de la negociación de reglamentos y anteproyectos de ley aprovechando las posibilidades de la mediación en España y para un control judicial efectivo de los procedimientos de elaboración de normas por parte del poder ejecutivo, que garanticen una participación que permita obtener decisiones normativas objetivas y, por tanto, un buen gobierno y una buena administración en este campo, evitando las influencias indebidas de los lobbies y previniendo la corrupción.