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El mundo de la construcción no se limita a los aspectos prácticos o técnicos, ya de por sí complejos, sino que se extiende a las relaciones jurídicas que surgen entre los implicados y que se manifiestan a través de contratos en los que las partes instrumentan de forma pormenorizada sus obligaciones y derechos. El entorno que rodea al desarrollo de los proyectos constructivos en la actualidad no puede ser comparado con el que nos encontrábamos hace unas décadas. La internacionalización, la intervención en los proyectos de un mayor número de profesionales, los intereses, a veces de índole distinta de la meramente mercantilista, etc., favorecen la proliferación de conflictos. La internacionalización del sector es origen de oportunidades para las empresas pero también conlleva riesgos importantes que es necesario mitigar con una adecuada planificación jurídica. Esa organización pasa por seleccionar la fórmula más eficaz para resolver los eventuales litigios que se van a producir. Para ello se buscan estructuras ágiles, dinámicas y eficientes que permitan a las empresas y a los profesionales implicados en un proyecto de construcción resolver sus controversias con un coste y en un plazo lo menos elevado posible. Un recorrido por la variedad de herramientas y fórmulas revela que se busca adaptar a las necesidades de las partes el procedimiento de gestión, y por eso nos encontramos ante soluciones creativas y variadas. Se trata de buscar mecanismos que posibiliten, en un ámbito muy complejo y en el que la aparición de disputas es especialmente numerosa, que las partes encuentren por ellas mismas fórmulas o sistemas de transformación positiva y constructiva de sus conflictos, a fin de permitir que el proyecto puede ser finalizado con éxito. Aunque en los sistemas continentales, y básicamente en España, es complicado el establecimiento real de sistemas de resolución de conflictos extrajudiciales y sigue habiendo una cierta inercia hacía el sometimiento de los conflictos a los