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Esta obra pretende ser una contribución al estudio de las normas penales destinadas a tutelar el patrimonio tanto público como privado, partiendo para ello del análisis de supuestos reales; de esta forma, el objetivo es analizar los problemas interpretativos que plantean los preceptos aplicables en materia de fraudes a consumidores y de corrupción, atendiendo a las tendencias legislativas actuales para reprimir estos comportamientos. En el ámbito de la tutela penal de los consumidores / inversores, se analiza la posible reacción penal a supuestos de fraudes bancarios y en el mercado de valores (v.gr. caso Gowex, participaciones preferentes, entre otros ejemplos), tomando como base destacadamente la aplicabilidad de los delitos de estafa y de fraude en la inversión en los mercados de valores a las diferentes tipologías de casos que se pueden plantear. En relación con la sanción penal de la corrupción, se atiende a casos que cobran relevancia como posibles delitos contra la Administración pública, como el cohecho, la malversación o el tráfico de influencias (v.gr. casos cursos de Garzón y Nóos). Asimismo, se presta especial atención a la nueva configuración del delito de administración desleal tras la reforma del Código penal de 2015, teniendo en cuenta que la nueva sistematización de este delito junto con la apropiación indebida se traslada al delito de malversación de caudales públicos.