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Cuando hablamos de ciudadanía nos estamos refiriendo a un proceso y, por lo tanto, a una dinámica social, en sentido histórico, de cambio y de movimiento permanente. Pero la ciudadanía es un proceso que se concreta en una condición: la de ciudadano. El ciudadano es el sujeto que tiene derechos y deberes políticos y, en consecuencia, responsabilidad sobre la gobernabilidad de una ciudad, de una nación, de un estado. Si bien, la tendencia a la pérdida de soberanía del Estado-nación, que en la última etapa del proceso de construcción de la ciudadanía es el que ha tenido el monopolio sobre su definición vinculándola a la democracia representativa, lleva a pensar en otros ámbitos políticos y territoriales dónde este proceso pueda continuar en su vertiente más activa. Aparecen nuevas perspectivas de ciudadanía. Se incorporan nuevas generaciones de derechos vinculados a la gestión de los bienes públicos, a nuevas vertientes de la democracia: económica, cultural, ambiental, local, urbana. La aparición de estos nuevos derechos de ciudadanía vienen asociados a los nuevos movimientos sociales y a una incipiente nueva cultura política que se desarrolla en ámbitos locales. En la concurrencia entre la praxis de los nuevos movimientos sociales y la gestión de los bienes públicos en contextos de proximidad, de articulación de redes ciudadanas, es desde donde se establece una renovada y vigorosa complicidad entre ciudadanía y democracia.