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El ejercicio extralimitado de un derecho fundamental no puede ser tratado como cualquier otro comportamiento ilícito. La dimensión institucional de los derechos fundamentales obliga a los poderes públicos a actuar con especial cautela frente a aquellas conductas antijurídicas que se enmarcan en su ámbito material. De lo contrario, se corre el riesgo de desalentar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, ante el temor de que cualquier extralimitación sea sancionada; un peligro de disuasión que es mayor cuando se imponen sanciones penales. El objeto de la presente obra es definir en qué consiste ese efecto desaliento (chilling effect) y determinar cuál es su tratamiento jurídico-penal más adecuado, partiendo de la jurisprudencia estadounidense, europea y española que ha construido dicho concepto.